El gobierno de Ecuador, por medio del canciller Fander Falconí, instó a los países del llamado primer mundo que depredaron y que continúan haciéndolo a la Amazonia, para que comiencen a cancelar su deuda ecológica a las naciones que comparten ese espacio.
Los pasivos ambientales, las externalidades negativas, las deudas ecológicas -por carbono o deudas climáticas- deben, primero, ser reconocidas y, segundo, deben ser pagadas.
Esa ambición ilimitada no sólo produce daños irreversibles a la naturaleza, sino que cada vez más se cobra con la vida de millones de personas que son obligadas a desplazarse de sus lugares de origen simplemente porque en esos sitios hay recursos que los grandes consorcios transnacionales codician.
El Gobierno ecuatoriano ha propuesto dejar en el suelo el petróleo del yacimiento Yasuní-ITT, (con reservas de) 850 millones de barriles, para evitar emisiones de dióxido de carbono y preservar una biodiversidad única en este territorio amazónico.
Ecuador propone reclamar a los países ricos el pago de la “deuda ecológica”
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