Ecologista panameños exigen pesca responsable de atún

Dirigentes de unas 24 organizaciones ambientalistas de Panamá urgieron hoy al gobierno de Panamá para que sea convocada con urgencia la Comisión Nacional de Pesca Responsable, dirigida a impedir las capturas de atún con redes de cerco en áreas protegidas en el Océano Pacífico.

La posición de los grupos ambietalistas se fundamenta en que la Zona de Exclusión a redes de cerco, para la pesca de atún al norte del paralelo 6ø30’00», en aguas del Pacífico, no impide la actividad de las granjas atuneras (centros de reproducción en cautiverio) en este país, ni elimina la pesca de atún.

La directora ejecutiva de la no gubernamental Fundación MarViva, Gabriela Etchelecu, solicitó la restitución del derogado artículo 11 de la Ley 44 de 2004, que crea el Parque Nacional Coiba, y pidió que un nuevo proyecto sea aprobado en tres debates consecutivos, antes de que finalice el actual periodo legislativo.

«Con la derogación del artículo 11 de la Ley 44 de 2004, está de por medio el incumplimiento de importantes obligaciones ambientales contenidas en tratados y convenciones internacionales de las que la república de Panamá es signataria», dijo etchelecu.

El presidente Martín Torrijos, reconoció hace varias semanas que debido a un «descuido» sancionó y promulgó la Ley 55 de 2008, que derogó el artículo 11 de la Ley 44 de 2004, sobre la protección gubernamental en zonas marítimas vinculadas a Coiba. Sin embargo, se comprometió a enmendar la falla legal prevista en el artículo 278, que generó inquietud entre los ambientalistas.

Etchelecu culpó a la industria atunera local de ejercer presión para ocupar áreas protegidas, a través del uso de artes de redes de cerco que afectan al ecosistema marino y a sectores dedicados a la pesca artesanal y deportiva, y a las actividades de recreción en el Pacífico. Sin embargo, el argumento fue rechazado por representantes de la industria, quienes alegan el fiel cumplimiento de la ley y la generación de empleos remunerados.

Asimismo, la directora ejecutiva de MarViva recomendó que el tema de las granjas atuneras en Panamá sea sometido a un amplio debate. Añadió que la autorización de ese tipo de prácticas debe contar con un marco legal regulatorio, que garantice la sostenibilidad de los recursos, la actividad pesquera y la protección del ambiente.

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