El Salvador es azotado por el cambio climático

El proceso de cambio climático agarró en cero a los países de la región. El Salvador, con una elevada tasa poblacional y territorio pequeño, está aún más complicado, de acuerdo a lo que señalan los propios especialistas del Observatorio Ambiental del Ministerio del Ambiente, los ecologistas y representantes de otros sectores.

Ana Deysi López, directora del Observatorio Ambiental, sostiene que «vivimos en un país altamente vulnerable», pero además hemos construido los riesgos a través de los años. Con ello se refiere al mal uso dado a las tierras (se construye donde sea) y la sobreexplotación de los recursos naturales, que han llevado al extremo de la deforestación y con ello la erosión de las tierras.

López afirma que la vulnerabilidad está dada por la posición geográfica en que afectan eventos que vienen del Océano Atlántico y el Océano Pacífico. A lo anterior se suman otras condiciones: la cordillera volcánica, que nos genera sismos, y una de las zonas de subducción (punto donde convergen dos placas continentales) está frente a nuestra costa.

Se agudiza porque el suelo se caracteriza por ser de alta pendiente joven, que se desarrolló a través de erupciones volcánicas y todavía no se ha compactado, por lo que está propenso a deslizamientos.

La directora del Observatorio Ambiental aseguró que en la década de los 60, de los 70 y 80 nos afectaba por década un evento procedente del Atlántico, pero en los 90 y 2000 han sido tres eventos por década.

En los 80, que es a partir de cuando se dispone de registros de eventos procedentes del Pacífico, el primero que afectó fue Phol (1982). Es el mismo que provocó el deslizamiento en Montebello. En la década de los 90 hubo otro evento y en 2000, cuatro.

Ahora, en el inicio de otra década (2011) ya se tiene un primer evento, que han sido las bajas presiones que provocaron las severas inundaciones y deslizamientos.

Suma aún el hecho de que desde los últimos años los fenómenos del Pacífico se presentaban más arriba, cercanos a México, pero hoy surgen más abajo, cerca de la región centroamericana.

Tras las lluvias provocadas por la depresión tropical E-12, el mapa de riesgos varió.

Hoy no sólo se habla de la vulnerabilidad en el Bajo Lempa (Usulután y La Paz), Río Grande (San Miguel) y Picacho de San Salvador. Se han agregado el sector de La Cima, en la capital, y los alrededores de los ríos Huiza, El Muerto, El Jute, del departamento de La Libertad.

«La urbanización ha cambiado mucho el uso del suelo en la parte alta de La Libertad. Allí encontramos San José Villanueva. Eso genera mucho problema de inundación», aseguró López.

El punto es que al urbanizar en las zonas de recarga de acuíferos el suelo se impermeabiliza y pierde la capacidad de absorber agua, por lo que la escorrentía aumenta.

Tanto ella como Ángel Ibarra, presidente de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), coinciden en que el impacto de las lluvias es mayor frente al hecho de que muchos salvadoreños viven a las orillas de ríos y quebradas, en condiciones precarias.

Ibarra es tajante en señalar que estamos sufriendo los efectos del cambio climático (que ha elevado la temperatura de la tierra de 14 a 15 grados en los últimos 150 años y generado trastornos en el clima). Además, insiste en que los fenómenos por venir serán más frecuentes y severos.

Si bien los diputados dieron vida a Ley de Ordenamiento territorial con miras a regular el uso del suelo para vivienda y desarrollo, Ibarra dijo que ésta se quedó corta porque no tomó en cuenta el uso vocacional de la tierra.

La visión de la Unes es que para reducir la vulnerabilidad es urgente asignar más presupuesto al Ministerio de Medio Ambiente, en lugar de reducirle como ha hecho el actual gobierno. También, abordar el tema de la exclusión social y la reducción de la pobreza, gestionar de manera integral el manejo de las cuencas hidrográficas del país, dado que el 80% de los suelos están erosionados.

Igual se debe trabajar en la construcción de una soberanía y seguridad alimentaria.

El país requiere una política hídrica, una política de gestión de riesgo y una política de cambio climático. Y es que los ecologistas recuerdan que uno de los problemas centrales que tiene el cambio climático para el futuro es la disminución del caudal de los ríos, la profundización del estrés hídrico y la reducción del agua de buena calidad para el consumo humano.

«Siempre la prevención es más barata que recuperar», expuso, sin dejar de lado el hecho de que el tema del subsidio del gas y el consiguiente incremento de precios del mismo ha hecho que la gente vuelva al consumo de leña.

En las últimas décadas las ong y el gobierno, a través de Protección Civil, han trabajado en establecer un sistema de alerta temprana en zonas afectadas todos los años por inundaciones, como el Bajo Lempa y San Francisco Menéndez.

Los alcaldes de Jiquilisco, David Barahona, y de San Francisco Menéndez, José Narciso Ramírez, señalan que se ha logrado cierto nivel de organización local, pero entre la población hay ciertos patrones que no se han superado: la gente se resiste a salir antes de que el agua suba hasta los techos.

Ambos ediles coinciden en que la organización en cuanto la alerta ha ayudado en algo, porque de hecho en esos dos puntos no se han lamentado muertes por las inundaciones. Sin embargo, Barahona dijo que la reticencia de la gente hace tambalear los esfuerzos porque cuando se sienten amenazados llaman para que los vayan a evacuar, pero cuando la ayuda llega no se salen.

Ese tipo de llamadas la reciben hasta cuatro veces, con diferencia de algunas horas, durante un evento y pese a que la comuna está dispuesta eso implica doble o triple esfuerzo en organizar cada vez las cuadrillas que los irán a auxiliar. A eso se agrega el gasto de combustible para los camiones y las lanchas que cada vez llevan para movilizar a las familias afectadas hacia los a los albergues.

«Si la gente acatara 24 horas antes, hasta podrían salvar sus animalitos», añadió.

Pero la organización y la concienciación no bastan. El alcalde de San Francisco Menéndez dijo que en la parte costera de ese municipio hay 20 comunidades que se ven afectadas. Frente a ello han planificado solicitar recursos al gobierno, esto con miras a construir albergues temporales para cada una de las comunidades. Ello considerando que en esta emergencia tuvieron que echar mano de locales que no están en sitios muy seguros.

Contemplan pedir a Protección Civil que los dote de recursos como pick up, jet sky, además de suficientes salvavidas para los miembros del Comité de Protección Civil municipal. «Ya hemos hecho gestiones en varias veces y no nos han escuchado», declaró.

Mientras su colega de Jiquilisco, plantea que lo que ayudaría a las comunidades del Bajo Lempa es que se realicen tres grandes obras de mitigación de riesgo: una es el dragado del río Lempa, la construcción total de la borda y de buena calidad a lo largo del cauce. Así como el mantenimiento permanente de los drenos.

Frente al cambio climático no sólo se necesita dinero, sino también voluntad de los distintos sectores y, como dice Ibarra, «pasar del discurso a los hechos». El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Óscar Humberto Luna, también se ha pronunciado en ese sentido al señalar que, tras la falta de diligencia que se han mantenido todos los gobiernos, se deben tomar acciones.

Algunas de ellas pasan por la aprobación de la política integral de gestión de riesgos, crear centros de albergues que cuenten con las condiciones adecuadas para resguardar a las personas evacuadas, fortalecer la coordinación interinstitucional, así como con las organizaciones de la sociedad civil, líderes y comunales para facilitar el manejo de la información, la adecuada atención de las emergencias y la administración de albergues.

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