Naciones Unidas paga a los propietarios de los terrenos por mantener espacios boscosos pero, ¿qué aseguradora puede hacerse cargo de esos espacios?

Bajo los planes de la ONU, los propietarios de terreno que mantengan zonas boscosas recibirán dinero, en un intento por controlar la destrucción de los bosques tropicales. No obstante, estas reservas están expuestas a riesgos como tormentas, plagas de insectos y talas ilegales, que también afectan a la confianza de aseguradores e inversores.

Ahora está en fase de debate un nuevo tratado climático de la ONU para ofrecer condiciones seguras a quienes respalden económicamente las reservas forestales. Las conversaciones se celebran en Poznan (Polonia) entre el 1 y el 12 de diciembre. Entre otras medidas, se busca un acuerdo sobre beneficios económicos para quienes se comprometan a conservar zonas boscosas.

La quema de arboledas para despejar terrenos que luego se convierten en exportaciones agrícolas constituye la quinta fuente de emisión de gases con efecto invernadero, los responsables del cambio climático.

«Desde el punto de vista formal, el seguro no debería ser un problema», dice Wojciech Galinsky, representante de la ONU para proyectos de promoción de inversiones ecológicas en países del Tercer Mundo. No obstante, hay desacuerdo sobre cómo evaluar los riesgos bajo las nuevas medidas de la organización, que seguramente entrará en vigor a finales de este año.

Los propietarios de las zonas boscosas quieren tener acceso a los créditos lo antes posible. Las compañías aseguradoras, por su parte, sugieren que la mitad de esos créditos sirvan como garantía en caso de que los bosques desaparecieran en unas décadas. Si eso ocurriera, todos los fondos deberían ir a sus cuentas.

Poner precio a los árboles sería un incentivo para países en vías de desarrollo en África, Hispanoamérica y Asia, que podrían así contribuir al control de la emisió de gases con efecto invernadero. No obstante, una de las dificultades que podrían presentarse es que la existencia de zonas protegidas acelerara las talas y quemas de otras áreas sin protección para el establecimiento de explotaciones agrícolas.

Un reciente informe de la Unión Europea cifra entre 15 y 25.000 millones de euros anuales la cantidad necesaria para reducir a la mitad la tasa de desforestación a la altura del año 2020, objetivo que se lograría pagando a los propietarios de los terrenos por mantener los árboles.

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