Panamá: movimientos denuncian impacto de proyectos hidroeléctricos

Por Camila Queiroz. del Toro, más de 20 entidades sociales se manifestaron alertando sobre los riesgos socioambientales de la creciente implementación de proyectos hidroeléctricos y mineros en el país

Para los militantes, el panorama se caracteriza como «la falta de respeto del gobierno nacional”, que favorece transnacionales y manipula acciones como la aprobación, a inicios de agosto, del Decreto Ejecutivo 155, que modifica el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental.

Ellos denuncian que, durante el gobierno actual del presidente Ricardo Martinelli, iniciado en 2009, la Autoridad Nacional del Ambiente, (Anam) y la Autoridad de los Servicios Públicos (Asep) avanzaron en el proceso de privatización de ríos y territorios para la construcción de represas hidroeléctricas. Las provincias más afectadas son Bocas del Toro, Chiriquí, Veraguas y la comarca Ngabe Bugle, cuyos indígenas realizan intensa lucha por el fin de la explotación minera y de proyectos hidroeléctricos.

El Decreto 155, aprobado de forma autoritaria, sin diálogo con la población, significa un golpe más contra las comunidades que intentan defender su territorio y recursos naturales. La norma disminuye la posibilidad de intervención popular en los procesos y abre camino a la rápida y desordenada proliferación de actividades que impactan negativa e intensamente el medio ambiente.

«[La aprobación] nos advierte una vez mas del peligro que representa el gobierno actual para la legislación ambiental del país, la salud y los bienes comunes como son el agua y los territorios de pueblos indígenas y campesinos”, expresan.

Las entidades destacan también que los diversos proyectos energéticos no benefician a la población, asfixiada por las altas tarifas de energía y con el costo de la cesta básica. Según el comunicado, la energía, en Panamá, apenas sirve a los intereses de las transnacionales, industrias y megaproyectos.

«Su plan responde a políticas económicas internacionales que promueven una interconexión eléctrica de toda Latinoamericana para proveer de electricidad a las industrias como la minería, agronegocios y otros megaproyectos que se consumirán nuestra energía y nuestros territorios”, destacan.

Ante este estado de cosas, el comunicado anuncia que los movimientos no van aceptar ninguna represa más después de Chan 75, para ello, hacen un llamado a la organización, la protesta y la resistencia.

«A todas las comunidades campesinas y indígenas donde se pretenda construir un proyecto hidroeléctrico o minero, a impedir el avance de la expansión hidroeléctrica excluyente, desordenada, sin garantías para los afectados, destructora del medio ambiente, violadora de los derechos humanos y de los derechos de los pueblos indígenas, que flexibiliza y adecúa las leyes a su conveniencia y que no va generar trabajos dignos, ni producir una tarifa eléctrica barata para los sectores populares”, proclaman.

Los movimientos anunciaron además que van a demandar a Ricardo Martinelli que derogue el Decreto 155, y no darán tregua en la lucha contra la transnacional AES, exigiendo reparación de las violaciones causadas por las represas Chan 75 y Bayamo.

Finalmente, declaran que no van a aceptar los «diálogos improductivos” con el gobierno, que sirven sólo para desmovilizar a los movimientos. Ahora, construirán alternativas a partir de espacios propios, concentrándose en temas de relevancia social.

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