Canadá se sale del Protocolo de Kyoto y evita asi pagar 10.000 millones de euros por no reducir las emisiones

Solo unas horas después de que concluyera en Durban una cumbre del clima que con su acuerdo de mínimos ha dejado un poso de desencanto, Canadá dio el lunes una estocada aún más grave al futuro medioambiental del planeta al anunciar su salida del protocolo de Kyoto, el primer abandono de uno de los países que ratificó el tratado de 1997 llamado a controlar la emisión de gases de efecto invernadero.

El gobierno del conservador Stephen Harper culminó su campaña contra el tratado (que ratificó un predecesor gobierno progresista). Y con el gesto, no por esperado menos controvertido ni criticado, Canadá selló una línea política que apuesta por la defensa a ultranza de sus arenas bituminosas.

El petróleo encontrado en esas arenas ha convertido a Canadá en tercera reserva mundial de crudo tras Arabia Saudí y Venezuela con una producción de más de 170.000 millones de barriles. Pero su extracción, que requiere enormes cantidades de agua y energía y es por altamente contaminante, ha sido uno de los factores que más ha contribuido a elevar las emisiones canadienses, que han crecido un 17% entre 1990 y el 2009.

Los argumentos que ofreció públicamente el Gobierno de Harper a través del ministro de medioambiente, Peter Kent, fueron, no obstante, por otros derroteros. Kent insistió en la línea de crítica (reiterada tanto por Canadá como por otras naciones en Durban) que denuncia que Kyoto o el tratado que le suceda son inútiles mientras no impongan los mismos mandatos, objetivos y castigos que vinculan a las economías avanzadas a economías emergentes como China o la India.

Kent aseguró que «está claro que Kyoto no es el camino hacia adelante para lograr una solución al cambio climático y, si acaso, es un impedimento». Usó, además, argumentos económicos, asegurando que de no dar el paso de anunciar la salida de Kyoto Canadá enfrentaría la obligación de pagar más de 10.000 millones de euros por no haber cumplido los objetivos marcados por el tratado, que estipularon que el país debía reducir sus emisiones un 6% respecto a 1990. No está claro si se refería a multas o al coste que tendría comprar permisos de emisión de CO2 a otras naciones.

Ningún argumento canadiense ha frenado las críticas a la decisión. Desde China se calificó de «lamentable», «irresponsable» y «ridícula»; en Francia se interpretó como «malas noticias» y Tuvalu, la pequeña isla-nación del Pacífico sur que es una de las más amenazadas por la subida del nivel del mar provocada por el cambio climático, denunció la salida como un acto «temerario y totalmente irresponsable». También Greenpeace acusó a Canadá de «haber impuesto una sentencia de muerte a muchas de las poblaciones más vulnerables».

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