La estrategia «verde» de Obama podría resultar demasiado cara

Por: Andrea Perez

La central eléctrica que calefacciona al Congreso estadounidense produce más dióxido de carbono que cualquier otra instalación en Washington, DC. Tiene casi 100 años de antigüedad y funciona a carbón. Hace poco, algunos manifestantes marcharon pidiéndole al Congreso que corte las emisiones de los gases del invernadero y que obligue al resto del país a que haga lo mismo.

La primera demanda fue fácil de alcanzar: los líderes de la Cámara de Representantes y del Senado le ordenaron a su equipo que convirtieran a gas natural la planta, que es menos nocivo que el carbón. Sin embargo, la segunda demanda demostró ser más engañosa. El Congreso forcejea con las leyes para regular los gases del invernadero, a instancias de no únicamente los manifestantes pero también de Barack Obama, quien abogó durante mucho tiempo por medidas vigorosas para ponerle un freno al calentamiento global. Darle lugar a un gran cambio en el abastecimiento de electricidad en EE.UU., será un gran desafío y el tipo de medidas que hoy fallan a favor en Washington, complicará más las cosas aún.

El Presidente está en lo cierto al querer cortar las emisiones. La alternativa, permitir que el cambio climático siga su curso, sería mucho más perniciosa para EE.UU. y el mundo. El impacto económico del aumento del nivel de los mares, de la reducción en el rendimiento de los cultivos, de tormentas mucho más violentas y otras tristes consecuencias sería devastador.

Combatir el cambio climático será muy costoso. Implicará el intercambio de combustibles baratos pero sucios por combustibles limpios y más caros. Así lo quiere el Congreso, como también la construcción de muchas nuevas y caras centrales eléctricas para reemplazar a las viejas que contaminan más. Por eso, los precios del combustible y la electricidad serán más altos. Cortar las emisiones a casi cero, incrementará los costos para la mayoría de las industrias, negocios y casas de familia.

El mecanismo preferido de Obama para cortar las emisiones, un esquema de bonos ecológicos, está diseñado justamente para ese fin. Establece un límite en las emisiones que pueden ser producidas en todo el país cada año y luego subasta permisos transferibles para contaminar. La intención es alentar a las firmas que lo consideran barato a hacerlo, permitiéndoles así a aquellas que no tienen los medios para contaminar menos a que compren los permisos.

Luz de sol y luz de luna
Muchos congresistas no están convencidos. Hay una preocupación general de que los cortes requeridos de las emisiones serán más difíciles de encontrar de lo que se espera, aumentando los costos de los permisos, aplastando más aún a la economía. Además, hay miedos particulares de los estados que dependen fuertemente del carbón.

Tanto el Presidente como los partidarios del sistema de bonos ecológicos en el Congreso parecen estar inclinados a responder con subsidios para las tecnologías favoritas que podrían ayudar a aquellos más perjudicados. El Presidente, por ejemplo, quiere duplicar la cantidad de electricidad que deriva de las renovables, es decir, los parques eólicos, las plantas de energía solar y demás.

El principal efecto de estos esquemas sería aumentar los costos que implica cortar las emisiones. Peor, se corre el riesgo de que tales medidas distorsionen el mercado del carbón, alejando el no solo el capital privado sino el dinero público de las tecnologías baratas y acercándolo a aquellos que han captado la atención de los políticos.

No hay duda de que cada tonelada de emisiones evitadas gracias a las medidas tomadas para alentar el uso de energías renovables costaría alrededor de entre US$ 69 y US$ 137, de acuerdo a un estudio reciente. Bajo un esquema de bonos ecológicos, el precio sería menor a US$ 15 para comenzar. Hay cuestiones ecológicas en las que el gobierno podría gastar el dinero provechosamente. Las inversiones en eficiencia energéticas valen particularmente la pena. Incrementar el presupuesto para investigaciones científicas avanzadas puede dar paso a grandes avances, pero, en general, la intervención del Gobierno probablemente lo único que hará es incrementar el costo de mitigar el cambio climático.

Revista The Economist – versión impresa

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