En otra vegonzosa accion del gobierno de Panamá la junta directiva de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) anuló la resolución que creó una tasa de dos centésimos por tonelada de registro bruto a cada embarcación por el servicio de mitigación de daños por efectos de contaminación.
La resolución que estableció este cobro se promulgó en Gaceta Oficial del 1 de octubre de 2009, y se le aplicaría a cada embarcación que ingresara a los puertos de la República de Panamá, sin excepción.
Esta tasación había generado incertidumbre entre la industria marítima debido a que ya existe un cobro similar que las embarcaciones deben pagar a Ocean Pollution Control (OPC), empresa que se ganó la concesión, aunque la misma está en medio de una disputa legal que no se ha resuelto.
